¿Alguien se acordó que se celebra este 5 de febrero?
Sí, el día en que fue promulgada la Constitución de 1917.
Para muchos expertos rebasada y obsoleta.
Se le han hecho nada más y nada menos que 495 modificaciones.
Hoy se conmemoran 93 años de la promulgación de la Constitución de 1917, nuestra máxima Ley, nuestra Carta Magna.
Lamentablemente se ha convertido en una legislación obsoleta, rebasada, y prueba de ello son las 495 modificaciones que se le han hecho.
A lo largo de los 93 años de ser promulgada, nuestra Carta Magna ha sufrido 59 reformas, que en suma representan 495 modificaciones a sus 136 artículos, esto es en promedio más de tres artículos modificados por cada año.
El artículo con más reformas es el 73, que establece las facultades del Congreso. Éste se ha modificado en 60 ocasiones para otorgar o reducir poderes a los congresistas para legislar sobre mayores temas y disminuir las facultades residuales de los estados, o viceversa.
Los otros artículos más reformados son el 123, sobre el trabajo y la previsión social (23 ocasiones); 27 sobre energía (16 ocasiones); 74 sobre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados (14 ocasiones); 89 sobre las obligaciones del Presidente (13 ocasiones); 107 sobre el juicio de amparo (13 ocasiones); 115 sobre los estados, los municipios y su relación con la Federación (13 ocasiones).
De los artículos que integran la Constitución sólo 34 no han sido reformados; los 102 restantes han sufrido en promedio cuatro modificaciones.
Los parches y alteraciones a los diversos artículos respondieron en muchas ocasiones a los caprichos de los gobernantes, pues la mayoría de las reformas provenían de la Presidencia; sin embargo, en la actualidad existen dos importantes diferencias: ahora son los legisladores quienes presentan la mayoría de las iniciativas para la reforma constitucional; y a diferencia de las iniciativas presentadas por los presidentes bajo la hegemonía del PRI, casi ninguna de las iniciativas es aprobada y la mayoría son congeladas en los archivos de San Lázaro y Xicoténcatl.
Pese a que las reformas constitucionales representan el proceso legislativo más complicado que existe, pues debe ser aprobado por dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso, refrendadas por al menos 16 legislaturas estatales y la publicación del Ejecutivo federal, los legisladores contemporáneos dedican un importante esfuerzo, tiempo y dinero a la presentación de todo tipo de reformas constitucionales, muchas de ellas sobre los mismos artículos e incluso sobre la misma redacción.
Cabe resaltar que durante las últimas tres legislaturas, en el Congreso de la Unión se han presentado alrededor de 8 mil 600 iniciativas, el 13% y 19% en las cámaras de Diputados y de Senadores respectivamente se enfocan a cambiar la Carta Magna.
Lo más preocupante no sólo es la tasa de aprobación de estas iniciativas (7% y 10%, respectivamente) sino que la tasa de presentación de éstas se ha incrementado constantemente.
Mientras que para la Legislatura LX las comisiones de Puntos Constitucionales recibieron cerca de 472 turnos en promedio, que representan 25% del total, en la actual Legislatura el porcentaje se ha incrementado a cerca de 28%.
Considerando la cantidad de parches y enmiendas que ha recibido la Constitución, y pensando en que el deseo de reformarla se ha vuelto un factor exponencial con la pluralidad en las cámaras, quizá sea tiempo de hablar claro cuando mencionamos frases como “reforma del Estado” y pensar en la posibilidad de un nuevo Congreso constituyente.
Para muchos expertos en la materia, urge una nueva Constitución en México, capaz de responder a las circunstancias actuales que vive el país y dejar a un lado el manoseo político-partidista que se ha hecho de nuestra Carta Magna, que sin duda requiere una auténtica refundación y no sólo parches y enmiendas al vapor que sirvan a los intereses de grupos de poder que la han mancillado.
Hay que tomar en cuenta que la Constitución se construyó como un documento en donde el presidente en turno podía contar con los instrumentos legales para hacer prácticamente todo. Así, hubo quien expropió el petróleo, quien mexicanizó la industria eléctrica, quien nacionalizó la banca y, por otra parte, quien privatizó los mismos bancos y la mayoría de las empresas públicas, quien abrió las puertas a la inversión extranjera, y hasta quienes aceptaron iniciar el proceso de democratización del país. Todo se podía hacer menos extender la duración del periodo sexenal de gobierno.
Con la pérdida de la mayoría priísta en la Cámara baja en el año 1997 y la llegada de un gobierno panista en el año 2000, las estructuras jurídicas de una Constitución Política elaborada para un régimen presidencialista absoluto empezaron a entrar en contradicción con una serie de leyes y reglamentos propios de una democracia no extendida a todos los niveles de gobierno.
En este sentido los juicios por inconstitucionalidad se han convertido en una constante que demuestra la falta de coherencia entre una Constitución modificada en innumerables ocasiones desde 1917 y la legislación surgida de la transición democrática de México.
La Carta Magna vigente al día de hoy, a pesar de los cambios operados al gusto del presidente en turno, no responde a las necesidades de un nuevo equilibrio de poderes dentro de un presidencialismo democrático en construcción.
Mientras el PAN busca hoy en día transformaciones que le den al primer mandatario capacidad de tomar decisiones efectivas, el PRI quiere mantener la fuerza de un Congreso que hoy tiene la fuerza suficiente como para evitar que los cambios legislativos importantes se produzcan.
En este sentido la Constitución Política es más un obstáculo, que un elemento de apoyo a la democratización integral del país.
México está muy lejos de ser aquél de 1917 y requiere, sin duda, una nueva Carta Magna, pero ya sabemos que nuestros brillantísmos legisladores no están a la altura de poder emprender esta tarea que debería haberse iniciado hace ya muchos años.
Escribidor: Jorge Castañeda
(Con parte de información de Diego Ernesto Días Iturbe y Ezra Shabot)
